Los juzgados tardan en resolver casi seis años los fallecimientos en los que la empresa tiene responsabilidad, alargando así el cobro de la indemnización
Jobanna Lucena Fernández nunca se imaginó que el 15 de junio de 2021 sería la última vez que vería con vida a su marido, Juan Manuel Pino Palacios. Hacía un mes que él había empezado en un nuevo empleo como carretillero para Proaco, una sociedad agrícola con sede en Andalucía. Ese martes fatídico, él estaba trabajado en el campo cuando una carretilla elevadora volcó y lo sepultó, matándole al instante. Dos años después, la viuda es incapaz de vivir en paz: el procedimiento penal que se abrió tras el accidente está estancado y ella sigue a la espera de que la empresa se haga responsable de lo que denomina “una tragedia que se podría haber evitado si le hubieran dado el material adecuado y el terreno hubiera estado habilitado”.
Los datos demuestran que no se trata de un caso aislado. Según consta en los archivos de la Fiscalía General del Estado, los juzgados tardan una media de cinco años y nueve meses en dictar sentencia en casos de homicidios por imprudencia en un accidente laboral (fallecimientos en los que la empresa tiene una responsabilidad penal). Uno de cada cinco fallos exime a las empresas. La unidad especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo se creó en 2012 con el objetivo de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en relación con los delitos derivados de la siniestralidad laboral. Según los datos, el descenso en el tiempo de resolución durante estos 10 años ha sido mínimo y, de hecho, si se compara el último registro correspondiente a 2021 con el de 2012, hay un aumento de tres meses. El propio organismo reconoce en su última memoria que esta evolución es “muy insatisfactoria y hace deseable centralizar la instrucción y enjuiciamiento de dichos procedimientos en juzgados especializados que dieran una respuesta rápida a las víctimas”.
En todos los siniestros letales, el proceso empieza con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ana Ercoreca de la Cruz, inspectora y presidenta del sindicato que representa al cuerpo, explica que cuando un accidente muy grave o mortal ocurre, el equipo acude inmediatamente al lugar para iniciar la investigación y hacer un primer informe en 24 horas. Se cita a la empresa, piden su documentación e investigan si hay alguna responsabilidad administrativa o penal. En el primer caso se propone el acta de defunción y un recargo económico por falta de medidas. Sin embargo, cuando detectan un indicio de delito, el caso se remite a la Fiscalía para que continúen con las actuaciones. Es aquí cuando comienza el largo epílogo de los trámites burocráticos.