Javier Calvo Romaguera demuestra que las Auditorías Legales son el mayor acierto desaprovechado de la transposición española de la Directiva Europea 89/391
El objetivo de este estudio es justificar que actualmente existe marco jurídico para considerar las Auditorías Legales en PRL como instrumento efectivo para todo tipo de empresas -sea cual sea su tamaño y actividad- en el cumplimiento real de la normativa de Prevención de Riesgos laborales y combatir el mero registro formal documental de las obligaciones legales.
Y también que es necesario potenciar su uso con carácter voluntario reforzando a las empresas con una integración real de Personal Designado Propio o Externo (acreditado mediante sistema de formación continua), sin obligatoriedad de SPA ajeno.
El Origen de las Auditorías Legales en PRL
El 12 de junio de 1989 se aprobaba la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la Seguridad y de la Salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), publicada en el BOE del 10 de noviembre de 1995, transpuso – al cabo de seis años, no se sabe si por “acción “ ú “omisión” y erróneamente en algunos aspectos importantes como comentaremos más adelante – al Derecho español, la citada Directiva. No puedo evitar citar, sin querer entrar en más detalle, la sutil importancia de que en algunos artículos, se “tradujo” “exigencia” por “propósito”.
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