El Gobierno andaluz aprueba la planificación para la eliminación del amianto de los colegios y las infraestructuras educativas.
El 1 de julio publicamos la noticia de las 10 denuncias tramitadas, con indicación de cuáles eran estos colegios y de la pobre actuación de la administración hasta ese momento. La imagen anterior es del Colegio Reggio de Puerto Real.
Hoy debemos felicitar a la Junta de Andalucía por el compromiso adquirido. Aunque el plazo se alargue hasta 2022 es mucho más de lo que han hecho la mayoría de CCAA.
Reproducimos la noticia en el Faro de Málaga.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la planificación para la eliminación del amianto en las infraestructuras educativas, que destinará 60 millones de euros a la retirada progresiva de este material en aquellos centros escolares públicos que determinen los técnicos de la Consejería de Educación. Según los cálculos de este departamento, alrededor de 220 colegios e institutos podrían tener materiales con contenido de amianto, que en su mayor parte (un 95%) estaría en las cubiertas de las edificaciones.
El programa se desarrollará en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica (escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares).
Este mismo año ya se acometerá por vía de urgencia una treintena de intervenciones en las infraestructuras donde se constata riesgo de desprendimiento de fibras. Los trabajos se realizarán de forma compatible con el calendario escolar, para no interferir en el funcionamiento de los centros y según la normativa vigente.
La segunda etapa, a desarrollar entre 2021 y 2022 y con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas. Anteriormente, la Junta ya realizó trabajos de eliminación de amianto en 54 centros.
Las firmas encargadas de la retirada del material deberán pertenecer al registro de empresas con riesgo por amianto. Asimismo, el plazo y los recursos asignados a cada intervención dependerán de la conservación y vida útil del material evaluado, de su dimensión, de su mayor o menor accesibilidad y de si requiere o no material de reposición.
A destacar que para tranquilizar a la población:
El Ejecutivo andaluz recuerda que la mera presencia de fibrocemento no debe ser motivo de alarma para la comunidad educativa. Solo si el material se manipula, perforándolo o cortándolo, o en menor medida si se rompe, puede haber riesgo de desprendimiento de partículas de amianto.
Pero no menciona que el fibrocemento también tiene fecha de caducidad, en la que influyen las inclemencias del tiempo.
Enlace a la noticia en el Faro de Málaga
Enlace al compromiso aprobado por la Junta de Andalucía (en html)
Enlace al compromiso aprobado por la Junta de Andalucía (en pdf, 6 págs.)