Chus Chorén Freire. Diplomada en enfermería, Licenciada en Derecho, TPRL superior en las tres especialidades técnicas, Perito Judicial.
Las agresiones a personal sanitario siguen en aumento aun teniendo en cuenta que son consideradas un delito por parte de quien las comete y no todas son notificadas y mucho menos denunciadas por parte de quien las sufre.
El Código penal protege a los sanitarios contra las agresiones; y en caso de ejercer su actividad en el seno de la administración pública, los equipara a autoridad pública, y de acuerdo a su artículo 550
- Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.
- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
- No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.
Así, queda establecido, que no es de aplicación a todo personal sanitario, ya que aquellos que prestan sus servicios en centros privados y concertados quedan fuera de la consideración de autoridad pública.
Ni parece ser que la población usuaria de los servicios sanitarios y nuestra atención lo tenga muy en cuenta, ya que ni incrementando las sanciones a los agresores para disuadir a quienes se vean tentados de agredir bien sea verbalmente o mediante amenazas, o incluso llegando a utilizar la violencia contra el personal sanitario, se consigue minimizar este riesgo laboral.
Las agresiones, que generalmente son producidas a raíz de una discrepancia en la atención recibida versus la solicitada, provocan en el trabajador sanitario inseguridad, y en última instancia acabarán por perjudicar la calidad asistencial.
No es suficiente una normativa, y su consecuente régimen sancionador ante el incumplimiento, sino que quedan muchas facetas por trabajar como sería una buena evaluación del puesto de trabajo, la realización de un análisis que contemple entre sus riesgos la posibilidad de existir una situación que suponga el desenlace de una agresión por parte de los usuarios atendidos, y la propuesta de medidas de prevención para evitar ese riesgo o al menos para disminuir su probabilidad así como la adaptación de las medidas que en caso de aparición de la agresión, podrán evitar el daño.
Así encontramos, por un lado, la aplicación de un buen diseño estratégico de las consultas, en las que se lleva a cabo la atención sanitaria, contando con una buena distribución del mobiliario, ya que en muchas ocasiones (más de las deseadas como personal sanitario y técnico en prevención) estamos indefensos y acorralados, sin la posibilidad de una vía de escape fácil y rápida, ante el usuario que viene dispuesto a agredirnos.
Y por otro lado, la posibilidad, ante una situación de riesgo o sospecha de agresión, de poder solicitar ayuda, activando el sistema avisador implantado en cada centro o servicio.
Como factor clave, también se encuentra hacer hincapié potenciando la concienciación a todo profesional sanitario que sufra una agresión, ya sea verbal o física, a que lo declare y/o denuncie, únicamente de esta manera aflorarán a la luz los casos de agresión y se podrá constatar que ciertamente están aumentando a diario.
Con todo ello, y para evitar que se produzcan más casos, se ha de solicitar la intervención de las autoridades tanto sanitarias como judiciales, llevar a cabo campañas de prevención, personal de seguridad fomentando la disuasión , el refuerzo y la evaluación de los protocolos de actuación vigentes, y fomentar la formación del personal en cuanto a técnicas para prevenirlas y gestionarlas (control de la agresividad, gestión de conflictos, asertividad, como evitar situaciones de riesgo, técnicas de entrevista….).
Y en caso de producirse hacerles frente y poner a disposición de la persona agredida apoyo tanto psicológico como jurídico.
Como actuar
- Demostrar y proceder con tranquilidad
- No realizar movimientos bruscos
- Evitar gestos y actuaciones que puedan considerarse amenazantes
- Actuar intentando dominar la situación
- Conservar en todo momento la distancia de seguridad
- Evitar materiales que puedan ser utilizados en la agresión al alcance del agresor
- Denunciar todo tipo de agresión, incluidas las verbales